Así lo dispuso la jueza de garantías que admitió el pedido de la fiscalía y el abogado por la querella, que pedía 4 meses, para extender la medida cautelar. Aún no encuentran el arma usada en los dos hechos delictivos.
La jueza de garantías Patricia Lupica Cristo admitió el pedido de la fiscalía y del abogado de la querella y extendió por dos meses la prisión preventiva impuesta al joven imputado por dos robos cometidos el fin de semana en Villa La Angostura.
La audiencia se hizo este jueves por pedido de la fiscalía local que logró recolectar las evidencias necesarias como para demostrar ante la jueza que existe real peligro de fuga o de entorpecimiento del avance de la investigación. En consecuencia, el acusado seguirá detenido.
Vencido ese plazo, la fiscalía puede volver a plantear la extensión de la prisión preventiva, explicaron fuentes judiciales a LA ANGOSTURA DIGITAL.
El abogado Cristian Pettorosso, que representa al taxista víctima de un robo, volvió a pedir cuatro meses de preventiva para el acusado, pero la jueza finalmente otorgó otros dos meses.
Las partes deben fundar los pedidos de prisión preventiva ante un juez o jueza, con evidencias. Y la normativa procesal penal vigente prevé la posibilidad de solicitar prórrogas.
Es lo que ocurrió en este caso. El asistente letrado de la fiscalía Ramiro Amaya solicitó el lunes 3 días de preventiva para el acusado para reunir más elementos de prueba que permitan a la fiscalía pedir en otra audiencia la extensión de esa medida cautelar.
Puertas afuera, el pedido de 3 días de prisión preventiva generó el descontento y malestar de taxistas y habitantes de Villa La Angostura, pero antes de que se venciera el plazo dispuesto por el juez Bagnat, la fiscalía solicitó 2 meses de preventiva.
La jueza consideró que el pedido de la fiscalía era razonable y proporcional. La defensora pública asistió al acusado y rechazó la extensión de la preventiva, pero no hizo lugar.
La jueza valoró además para extender la prisión preventiva el riesgo para la integridad física de las víctimas de los robos o de los testigos.
Sostuvo que en los dos robos se usó arma de fuego, pero hasta el momento los investigadores no pudieron hallar el arma.
Lupica Cristo fundamentó su decisión con jurisprudencia del Tribunal de Impugnación de la provincia que en la causa “Carrasco sobre homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego” que sostuvo que el ocultamiento del arma es un entorpecimiento de la investigación. Además, advirtió que el imputado no tiene ningún tipo de arraigo.
Señaló que el acusado vivió en varios lugares, no tiene residencia fija y tampoco tiene arraigo laboral ni familia en la localidad.
Al imputado se le atribuyeron un robo cometido en un kiosco, donde amenazó a una joven con un arma de fuego, y otro robo en perjuicio de un taxista al que le sustrajo la recaudación. Los delitos ocurrieron el sábado y domingo por la madrugada.
