Así lo resolvió la jueza Mirta Ojeda que extendió por otros 4 meses el plazo de la investigación preparatoria. Además, autorizó que dos niñas que fueron testigos presenciales del procedimiento policial declaren en Cámara Gesell por pedido de la querella. El fiscal solicitó una opinión a peritos de la Corte Suprema.
La jueza Mirta Bibiana Ojeda resolvió este martes prorrogar por 4 meses la investigación por la muerte de Robinson Gatica que ocurrió durante un violento procedimiento policial, el 20 de julio del año pasado, en el domicilio del joven empleado municipal.
Ojeda admitió el pedido de la abogada Lorena Miani y de su colega Virgilio Sánchez, en representación de los querellantes, para que declaren dos niñas que presenciaron el procedimiento policial en el que ocurrió la muerte de Gatica.
Miani afirmó que las chicas fueron testigos presenciales de los hechos y alegó que querían declarar. Por eso, solicitó que lo hagan en cámara Gesell.
El fiscal del caso Adrián De Lillo apoyó la solicitud, según informaron fuentes judiciales. De Lillo sostuvo que las testigos son víctimas “y a diferencia de lo que pudo haber ocurrido en momentos previos, ahora están en condiciones de poder explayarse en una cámara Gesell”.
Los defensores particulares de los policías imputados habían planteado su rechazo, pero la jueza no les hizo lugar.
Ojeda además de prorrogar el plazo de investigación penal preparatoria por 4 meses a partir de su vencimiento el 20 de julio de 2023, extendió las medidas cautelares impuestas a los policías imputados.
Miani informó a LA ANGOSTURA DIGITAL que De Lillo envió el legajo al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que tomen conocimiento y emitan una opinión clínica dirimente.
“Nuestra hipótesis de muerte, fue constatada por nuestra perito Virginia Creimer, en el proceso de reautopsia que se realizó en diciembre. Siendo que estamos en un caso de violencia institucional, solicitamos que en dicho procedimiento intervenga la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, como veedores”, aseguró Miani.
Medidas cautelares
La jueza mantuvo sobre los policías Víctor Hugo Muñoz, David Ezequiel Cuevas y Alejandro Bravo Alejandro la prohibición de ingresar a Villa La Angostura y de mantener cualquier tipo de contacto con todos los testigos del expediente, por cualquier medio telefónico, digital, de forma personal o interpósita persona.
Mientras que mantuvo para los empleados policiales Darío Luis González y Erwin Alejandro Mora la prohibición de acercamiento al barrio Las Piedritas, prohibición de acercamiento a cualquiera de los testigos y de contacto con la totalidad de los testigos, por cualquier medio telefónico, digital, de forma personal o por interpósita persona. “Si accidentalmente se encontraran, Mora y González están obligados a retirarse del lugar”, dispuso la jueza.
Antecedentes del caso
Según la teoría de la fiscalía, familiares de Gatica llamaron la madrugada del 20 de julio del año pasado a la comisaría 28 de Villa La Angostura porque Gatica se encontraba fuera de control por haber consumido cocaína.
Un grupo de policías fue hasta el domicilio donde se encontraba Gatica fuera de control y trataron de reducirlo. El joven estaba armado con un cuchillo con el que intentó agredir a los policías. Dos efectivos sufrieron lesiones leves.
Uno de los policías efectuó un disparo con su arma reglamentaria. El proyectil no hirió a Gatica. También recibió varias postas de goma y lo golpearon para reducirlo, pero no lo lograron.
Los policías tuvieron que retirarse de la vivienda y la esposa logró persuadir a Gatica para que le entregara a ella el cuchillo. La mujer salió de la casa y los policías entraron con el joven ya desarmado, lo golpearon y lo aprehendieron. Minutos después murió por causas que aún se investigan.
En las primeras horas tras el hecho, los familiares de la víctima denunciaron un caso de gatillo fácil y de violencia policial. La fiscalía pidió la detención de los policías que habían estado en el procedimiento.
Al día siguiente de la muerte de Gatica, De Lillo acusó a los policías Muñoz, González, Bravo, Mora y Cuevas como coautores del homicidio agravado de Gatica, porque lo cometieron en abuso de sus funciones como integrantes de la Policía.
El juez de garantías admitió la formulación de cargos contra los policías y les impuso prisión preventiva, que cumplieron de manera domiciliaria.
Los informes de los peritos
Semanas después se conocieron las conclusiones de los peritos del cuerpo médico forense del Poder Judicial de la provincia. Los peritos dictaminaron que ni los golpes ni las postas de goma que recibió Gatica causaron su muerte.
Sin embargo, no estaba clara la causa de la muerte. Por eso, se pidieron estudios complementarios a otros especialistas. Varios días después, una junta médica concluyó que Gatica había sufrido una “muerte súbita de una persona con delito agitado por consumo de cocaína en el contexto de una restricción policial”. Con esa información, los defensores particulares solicitaron la libertad de los policías.
El 17 de noviembre último, la jueza Ojeda dejó sin efecto la prisión preventiva que cumplían desde finales de julio pasado de manera domiciliaria y los cinco acusados quedaron en libertad con varias pautas de conducta que deben cumplir. Además, extendió por 4 meses el plazo de la investigación que declaró como “asunto complejo”.
La querella solicitó una segunda autopsia que puso en crisis el informe de los peritos oficiales del Poder Judicial y agregó más dudas en torno al caso.
Los peritos oficiales pusieron en duda las conclusiones de la perito de parte Emma Creimer que afirmó que la causa de la muerte de Gatica fue asfixia por estrangulamiento. Los peritos del Poder Judicial cuestionaron su metodología de trabajo por carecer de rigor científico.
El punto de vista de la querella
Tras la audiencia de este martes y la decisión de la jueza de admitir a las niñas como testigos, Miani manifestó: “Estamos en condiciones de afirmar que el procedimiento policial fue violento desde su comienzo y que los policías actuaron con la intención de darle muerte a la víctima, hubo el dolo que se requiere para mantener esta caratula”.
La abogada aseguró que “ninguna de las drogas que consumía Robín, le dañaron su corazón que estaba sano y fuerte para hacer el trabajo físico que realizaba (recolectar residuos) y tampoco tuvo injerencia directa en la muerte”.
“Hablar de sobredosis, con lo hasta aquí actuado es producto de la fantasía de alguien muy aventurado, ya que el examen toxicológico que se le realizo al cuerpo, fue cualitativo y no cuantitativo. Es decir, determino la presencia de droga, pero no la cantidad”, indicó.
“De cualquier manera, se comprenden esas voces, resulta más fácil y simplista responsabilizar a la víctima, quien ya no puede defenderse, que asumir el horror de que las agencias estatales con licencia para portar armas, aun hoy, en democracia, nos matan dentro de nuestra casa”, sostuvo.
