Señor Director.
Con sumo agrado, recibo la novedad que la “familia judicial” abre las puertas de su hogar, e invita a la participación ciudadana para controlar la designación de los postulantes en el concurso numerado como 224, que se tramita en el Consejo de la Magistratura neuquina.
En efecto, en ese concurso aspiran al cargo de Fiscal Jefe de la IV Circunscripción Judicial, dos magistrados que actualmente ejercen públicos oficios en Villa La Angostura; quienes, en una muestra de elogiable interés de superación, compiten entre sí. Véase https://www.magistraturanqn.gov.ar/concursos.php?men=63&co=165&mes=09&a=2023
Tamaño cargo judicial implica la enorme responsabilidad de dirigir nada menos que todas las agencias fiscales del sur de la provincia del Neuquén; abarcando poderío desde Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, con influencia directa sobre el resto de localidades cercanas, como Villa Trafúl, Piedra del Aguila y otras.
Ese cargo en jefatura por el que concursan agentes públicos, ha quedado vacante desde la malograda administración del entonces Fiscal Jefe Fernando Guillermo Rubio, tristemente recordado por algunos ciudadanos -incluidos propios de filas judiciales- que lo han denunciado por distintas infracciones, incluso penalmente por retardar el servicio de Justicia; jubilándose con cuentas pendientes en el propio ámbito de trabajo donde sirvió durante años. Hoy, ya retirado, y habiendo dejado la impronta de su sello soberbio como máximo responsable de la administración fiscal en esta región sur en los últimos calendarios, algunas mañas y patrones de comportamiento han quedado actualmente en los estrados locales, y su cargo lo ocupa -subrogante- otro fiscal jefe, Fernando Fuentes, titular en la V Circunscripción perteneciente a Chos Malal. Naturalmente, desde tanta distancia, poco control pareciera ejercer sobre estas latitudes. Aquel pasa sus días de júbilo en el mismo barrio privado de San Martín de los Andes -de los más exclusivos que hay-, donde tuviera como vecino a escasos cien metros de distancia, y sin casas de por medio, a uno de los narcotraficantes más buscados de la Patagonia, que pasara oculto durante varios meses, apresado oportunamente por fuerzas federales en ese mismísimo country donde el narco sintiérase cómodo y seguro viviendo cerca del fiscal jubilado.
Y allá lejos, donde las cabras hacen fiestas, la novel jefatura interina supone desconocer lo que ocurre por estos lares. Así las cosas, en el contexto de creciente e incesante inseguridad que padecemos, no es un dato menor que la actividad de Justicia permite ahora ejercitar el control ciudadano de sus gobernantes, el debido contralor de los actos de gobierno; dando como prístina herramienta la participación ciudadana para que la gente opine sobre los concursantes, posibilitando exponer oposiciones fundadas en hechos o información por cuales se interprete que tal o cual persona no podría acceder al cargo que pretende, por motivos distintos; si los hubiera, claro.
Se presenta una oportunidad propicia para que la población se involucre y ejerza su sagrado derecho a oponer eventuales razones a la elección de los cargos públicos que se hacen puertas adentro de la Casa de Justicia, que de costumbre y en silencio, selecciona autoridades sin publicidad suficiente, sin edictos y sin decir nada en los diarios; tramitando los concursos en penumbras, enterándose el justiciable o el vecino de a pie, ya cuando con bombos y platillos se publicita -ahí sí, en todos los medios de prensa- la asunción del cargo mediante ceremoniosa jura, entre cerrados aplausos de miembros de esa hermética familia judicial que anhela castidad cuando evidencia severas incorrecciones.
Y dentro de las disfunciones de la Justicia que hemos visto localmente el último lustro, podemos citar -entre bastantes más- simulaciones o los denominados “juicios de apariencia”, donde al preso lo defiende la mujer del juez; arbitrarios archivos de denuncias sin notificar debidamente a la víctima el encajonamiento de su causa; deliberados retardos y negación del servicio judicial cuando se denuncian hechos de corrupción; abusos de autoridad; allanamientos ilegales; violencia institucional; virulencia laboral contra la policía; y la lista sigue; y también funcionarios infieles que filtran datos, y hasta operadores y auxiliares apuntados de consumir drogas ilegales.
Y el listado de crisis continúa, para peor, cuando posamos la lupa en figuras como la de enriquecimiento ilícito -donde se invierte la carga de la prueba, y ya hablaremos de eso más adelante-; o, más cercano en el tiempo, el contrabando de motocicletas enduro, hecho ilícito que fuera denunciado recientemente en el marco de un testimonio, sin obtener respuesta de un Ministerio Público Fiscal empobrecido y mayormente deficiente por la alarmante carencia de recursos humanos y materiales; empeorando el cuadro de situación cuando se muestra complaciente en hacer la “vista gorda” si el imputado es amigo de la casa, alejándose de pautas esperables como la honestidad, probidad, rectitud y buena fe que debieran imperar en los despachos judiciales.
Los numerosos organismos, mecanismos e instancias de control de la corrupción que se han creado y multiplicado en las últimas décadas, además del Poder Judicial, se han mostrado ineficaces y faltos de vocación para combatir efectivamente y castigar con determinación los actos de corrupción.
Las prácticas venales que se advierten en la vida de las instituciones públicas, unidas a la expansión creciente del narcotráfico, con su inmenso poder corruptor, hacen aún más endebles y vulnerables en la actualidad las bases mismas del funcionamiento de nuestro sistema judicial, gravitando en las tareas de las fuerzas policiales, y también de los jueces y fiscales.
La ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública; el Código Iberoamericano de Ética Judicial; la Convención Interamericana contra la Corrupción; la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional Organizado; entre otras normas, deben ser tomadas como directrices y aplicarlas y exigir su cumplimiento para levantar la vara cualitativa, porque la sociedad está degradándose paulatinamente, sin prisa, sin pausa.
Del consumidor del servicio de Justicia depende remediar lo que sucede, porque como dice el dicho popular “entre bomberos no se pisan la manguera”; lo que permite inferir que no podemos esperar que un judicial investigue a otro par, o a un amigo del poder.
En miras de fortalecer a la institución Judicial y enaltecerla al servicio de la comunidad; procurando que los concursantes más capacitados técnicamente, sanos e intachables éticamente puedan acceder al elevado cargo que persiguen, hago votos por más publicidad y transparencias en el mecanismo de selección, para que gane el mejor, por sus méritos; celebrando como auxiliar y hacedor de Justicia los llamados a concursos públicos de antecedentes y oposición, donde podrá hacer su aporte cualquier vecino interesado, identificándose con nombres, apellido, documento, y teléfono de contacto; contribuyendo así a la imprescindible mejora del servicio judicial; a saber:
Participación Ciudadana.
Comunicarse a través del correo: [email protected]
También, se puede dejar opinión de los concursantes en casillas:
[email protected]
[email protected]
Abog. Cristian Hugo Pettorosso
Matrículas 2248, C.A.P.N; T°XLVIII, F°208, C.A.L.P; T°600, F°816, C.F.A.L.P.; Tº97, Fº387, C.P.A.C.F.
[email protected]
