Se trata del caso de ocupación realizada en la propiedad de 21 hectáreas, ubicada en un valioso sector en la base del cerro Belvedere.
Ayer, en horas de la mañana, se dieron cita las partes involucradas dentro del recinto de la sala de audiencias de los tribunales penales, por el caso de la usurpación mapuche padecida por la familia Salamida, en relación a su propiedad de más de 21 hectáreas de superficie ubicada en un valioso sector en la base del cerro Belvedere.
Estuvieron presentes por la acusación, la fiscalía local representada por el agente Adrián De Lillo, y la querella de las hermanas Raquel y Josefina Salamida, a cargo del abogado Cristian Hugo Pettorosso; interviniendo desde San Martín de los Andes, el juez Maximiliano Bagnat.
Luego de escuchar a las partes, incluyendo a la defensoría oficial y al propio acusado, Ángel Sebastián Soto, quien manifestó comprender todo lo que se estaba diciendo, el juez resolvió hacer lugar al planteo de las acusaciones, otorgando un plazo de cuatro meses de investigación por el hecho de usurpación ocurrido a principios de marzo de este año.
Previo a resolver, el acusador Pettorosso manifestó algunas críticas a la tarea del fiscal, a la hora de señalar que fueron presentadas distintas evidencias útiles para identificar al resto de los intrusos que -según su criterio y probanzas colectadas por la familia Salamida- resultan coautores y partícipes del delito denunciado, “pues colaboraron activamente en la génesis y desarrollo de la usurpación; y, sin embargo -sostuvo el letrado- ayer habían sillas vacías en el pupitre de los acusados”.
En mayo pasado, el abogado de las hermanas Salamida, propietarias del valioso campo que fuera usurpado por integrantes de una colectividad indígena, presentara un pedido ante las autoridades judiciales que tratan el caso, para profundizar una línea de investigación que, según trascendiera en ese momento, pretendiera esclarecer supuestas responsabilidades penales de algunos integrantes del movimiento mapuche local, que estarían vinculados con atentados terroristas.
En efecto, el abogado querellante Cristian Pettorosso requiriera mediante distintos planteos, medidas probatorias que buscaban determinar la posible existencia de conexiones locales entre los ataques incendiarios de las maquinarias viales ocurridos en octubre del año 2022, y la usurpación que sufrieran las propietarias Salamida.
En esa oportunidad Pettorosso afirmó que estaba “convencido que existen vínculos delictivos entre algunas de las personas que usurparon el predio de mis clientas, y elementos terroristas que atacaron dos veces el mismo lugar en el año 2009, incendiando las instalaciones turísticas del canopy que allí funcionaba”.
DESTRUCCION DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES
El abogado que representa a las víctimas, hizo un formal pedido ante la Justicia para que se le permitiera estudiar los expedientes de investigación oficial relacionados a dos incendios cometidos por la RAM en la propiedad de los Salamida, en fechas 10 de junio y 31 de diciembre del año 2009.
Así fue que se le respondió a Pettorosso que el archivo general del Poder Judicial, procediera en enero del año 2018 al expurgo por sistema de molienda de los expedientes requeridos, dado lo cual, consideró el querellante que “se perdiera valiosa información que hoy serviría para esclarecer con más amplitud estos hechos que se relacionan a violencia indigenista organizada que cuenta con apoyo local”
Agregó Pettorosso que “el sistema judicial ha sido inútil al destruir los expedientes donde se investigaran esos hechos terroristas materializados hace más de diez años atrás, que tenían el sello en autoría de la denominada Resistencia Ancestral Mapuche. Eso muestra a las claras la falta de vocación represiva que ha tenido el estado neuquino para con los responsables de esos hechos criminales, que tuvieran como objetivo principal infundir terror a la población angosturense; y, de par, dar un mensaje de violencia extrema que perdurase hasta hace pocos tiempo, cuando decidiéramos demoler las ruinas de ese atentado a la paz, que obrara como monumento al terror, manteniendo indemne en la memoria de mis asistidas la angustia causada por esos atentados”.
ATAQUE A LAS MAQUINARIAS VIALES
Dijo Pettorosso, recordando a la salida en las escalinatas del edificio de tribunales, que “ha sido el propio Fiscal General, José Ignacio Gerez, quien junto al entonces Jefe de la Policía de Neuquén, Julio Peralta, dijera en conferencia de prensa que los ataques incendiarios a las maquinarias viales ocurridos en octubre de 2022 en Villa la Angostura, fueron cometidos por la RAM, sosteniendo que se tratan de investigaciones complejas de una organización que tiene jerarquías, roles, distribución de funciones entre sus miembros, medios de transporte y apoyatura logística; y que se trata de un grupo armado. Es decir, la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal sostuviera que lo incendios terroristas del año 2022 son hechos complejos perpetrados por sujetos peligrosos, cuando estaba a la vista pretéritamente la ejecución del mismo modus operandi en los ataques incendiarios a las instalaciones del canopy ocurridos en 2009 en la misma propiedad de mis clientas”.
CONEXIONES LOCALES
Añadió el querellante junto a sus representadas, que “por evidencias acumuladas desde hace tiempo, considero que existen estrechas vinculaciones en los distintos casos terroristas de antaño, con algunos sujetos que integran actualmente grupos que se mueven clandestinamente por la zona, con distribución de roles y funciones determinadas. Sabemos muy bien que aquí estuvo el hermano del Jones Huala, quien, junto a otros dos delincuentes provenientes de San Carlos de Bariloche, atacaran a tiros al sereno de la empresa vial e incendiaran las máquinas que trabajan para hacer el camino de Circunvalación; y esos mismos terroristas, tuvieron cobijo durante días en cercanías al campo intrusado”.
TOPADORAS
Las víctimas -según Pettorosso-, debidamente asesoradas, hicieron uso de su derecho de defensa a la propiedad privada, y decidieron, previo dar aviso a distintas autoridades públicas, demoler con una topadora la edificación clandestina levantada por el imputado Ángel Sebastián Soto.
También recordó el abogado penalista las amenazas de muerte sufridas en el marco de esta causa, y añadió “estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos hasta aquí, sobre todo habiendo recuperado el inmueble y logrado el procesamiento de un integrante de la colectividad mapuche que pusiera banderas extrañas dentro del inmueble de las victimizadas. Estamos prestos para seguir adelante con la ley bajo brazo, y con las topadoras listas para entrar nuevamente en acción, si fuera necesario. La propiedad privada es sagrada para nosotros”, finalizó Pettorosso.
