Se trata de lof Coronado Inalef, de Mallín Ahogado; y de la Buenuleo, de Bariloche. Las comunidades transitaron procesos judiciales en los que se comprobó la irrupción en los territorios, bajo la excusa de supuestas reivindicaciones ancestrales. Los desalojos son inminentes.
Los argumentos que utilizaron los abogados defensores de dos grupos que se autoproclaman comunidades mapuches no fueron convincentes y quedaron a un paso de ser desalojadas, aunque confían en que las últimas estrategias legales podrían prolongar su permanencia en los espacios que ocupan.
Una de ellas, la Lof Coronado Inalef, estuvo a horas de ser desalojada. La Justicia intimó al grupo a que abandone las 7 hectáreas que ocupa en el paraje Mallín Ahogado –entre Bariloche y El Bolsón– y luego extendió el emplazamiento, por pedido de los ocupantes.
Los integrantes de la comunidad ingresaron al predio en abril de 2023, momento en el que agredieron a la propietaria de las tierras, que acudió al sitio para solicitarles que las abandonen. Por ese ataque violento, dos miembros del grupo fueron imputados.
Los mapuches no aceptaron la intimación del Juez y plantearon una actitud desafiante, lo que dio lugar a una instancia administrativa que quedó, finalmente, quedó trunca.
El fiscal de la causa, Francisco Arrien, durante el mes de abril, estuvo en el territorio y notificó a las familias que residen allí sobre medida judicial que las obligaba a retirarse. Los Coronados Inalef volvieron a rechazar la medida y anticiparon que resistirían el desalojo forzoso. “Continuamos resistiendo en nuestro territorio como lo hemos hecho desde generaciones” expresaron y reclamaron más garantías para proteger la integridad física de los usurpadores.
La jueza de juicio Romina Martini concedió 15 días para que las partes de la causa por usurpación en la zona de Mallín Ahogado que tiene como imputados a integrantes de la comunidad mapuche Coronado Inalef, denunciados por particulares, tengan instancias de diálogo en busca de una solución alternativa al desalojo forzoso que ordenó un juez de Garantías en marzo.
Con el objetivo de dilatar el desalojo, la defensora oficial Natalia Araya interpuso un recurso extraordinario para dar intervención al Tribunal Provincial de Impugnación.
Fuentes con acceso al expediente reconocieron a Infobae que “el desalojo es inminente, aunque ahora está trabado por un nuevo recurso que presentó la abogada de la defensa, que volvió a entorpecer el proceso”.
La letrada solicitó la extensión del plazo “para seguir dialogando en busca de una salida alternativa” al conflicto, a pesar de que durante todo el proceso, esos intentos fueron infructíferos.
La abogada de la querella, Marcela Fragalá, por su parte, rechazó la moción y aseguró que “no hay acuerdo posible y no lo va a haber porque en todo acuerdo presentado han impuesto una carga muy fuerte para las víctimas, las condiciones son perjudiciales” para su parte afirmó. Además, dijo que los acusados “son muy violentos”.
En Bariloche
Otra comunidad en conflicto es la lof Buenuleo, que desde abril de 2019 ocupa 92 hectáreas, a pocos kilómetros del centro de Bariloche. Días atrás, en el marco de una audiencia de cesura, el Ministerio Público Fiscal pidió penas de hasta 2 años y seis meses para sus integrantes.
A la mayoría de los involucrados les endilgan el delito de usurpación aunque a la máxima autoridad de la comunidad, Ramiro Buenuleo, le agregaron más tiempo de pena por entorpecer un proceso judicial y cranear una amenaza de bomba en el edificio de Tribunales, durante el desarrollo de una audiencia por la usurpación que protagonizaban.
En la audiencia reciente, Fiscalía solicitó que el sujeto asuma los costos operativos que demandó el desalojo del edificio público.
Además de pedir la pena mencionada, el representante fiscal solicitó el desalojo de las tierras y la inmediata restitución al poseedor de las mismas. El veredicto es inminente.
La defensa de los acusados, en cambio, solicitó la pena mínima por el delito de usurpación, que es de seis meses.
Los mapuches, durante el juicio, defendieron la idea de que sus ancestros residen en la zona desde hace más de 100 años. Sin embargo, el Juez explicó que el método violento utilizado para irrumpir en la propiedad, no es el adecuado para iniciar un reclamo.
En el hecho cobró trascendencia cuando funcionarios del ex gobierno de Alberto Fernández, Sabrina Frederic y Gabriel Fuks, visitaron el predio y dialogaron con los usurpadores. Luego, la entonces titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAN) refrendó una resolución a contrarreloj para beneficiar al grupo e intentar el reconocimiento de la titularidad sobre el predio en conflicto. La polémica resolución fue desestimada poco después.
En los próximos días, el juez de la causa emitirá el veredicto y de acuerdo al optimismo de la querella, podría intimar a los mapuches a abandonar el lote usurpado en un plazo acotado.
