Así lo ordenó el juez Ignacio Pombo en una audiencia que se hizo el viernes. Pero lo autorizó a salidas laborales, con el aval de la fiscalía y las querellas. Lo controlarán con pulsera electrónica. También, extendió por 2 meses el plazo de la investigación.
El juez Ignacio Pombo resolvió prorrogar hasta el 8 de noviembre próximo el encierro domiciliario del agente inmobiliario Ramiro Fernández, que está imputado de haber cometido supuestamente decenas de estafas con la venta de inmuebles en Villa La Angostura.
Pongo dispuso que el imputado siga cumpliendo la prisión preventiva de manera domiciliaria en Plottier, con la tobillera electrónica para controlar sus movimientos.
Aunque lo autorizó “a salir a trabajar de lunes a viernes entre las 6 y 19 y el sábado entre las 6 y 16 para concurrir exclusivamente a la empresa Smith SRL, ubicada en Barda del Medio, ruta 151, kilómetro 31 de Río Negro, el empleador es Federico Sebastián Paolo”. Así lo informaron a LA ANGOSTURA DIGITAL fuentes judiciales. También, el juez dispuso la continuidad de la prohibición para Fernández de salir del país hasta el 8 de noviembre de 2024.
Así lo resolvió Pombo en una audiencia que se hizo el viernes para controlar justamente la medida de arresto domiciliario, que vencía este lunes.
El fiscal de Villa La Angostura solicitó en esa audiencia la prórroga de la detención domiciliaria por tres meses a partir de su vencimiento (12 de agosto), con autorización para salir a trabajar de lunes a viernes entre las 6 y 19 y el sábado entre las 6 y 16, para concurrir específicamente a la empresa Smith SRL.
La fiscalía pidió además al juez una prórroga de la investigación por 2 meses desde el 8 de septiembre y participaron dos abogados por las querellas, que prestaron conformidad a la petición de la fiscalía.
El defensor particular de Fernández planteó que las medidas solicitadas por los acusadores público y privado eran exageradas, pero las consintió. Dijo que la empresa para la que el imputado trabajará “tiene un sistema de fichaje que ponemos a disposición de la fiscalía para asegurar el ingreso y egreso al domicilio laboral”. También, prestó conformidad a la prórroga del plazo de la investigación.
La investigación
La investigación comenzó el año pasado a partir de varias denuncias que se recibieron en la fiscalía de Villa La Angostura. Cuando quisieron ubicar al sospechoso en la localidad no lo hallaron.
Recién el 1 de marzo pasado, Fernández se presentó en una comisaría de la ciudad de Neuquén para ponerse a disposición de la justicia después de que la fiscalía dictara una orden de captura.
El 8 de marzo pasado, la fiscalía de Villa La Angostura le atribuyó haber cometido 45 hechos de estafas inmobiliarias y financieras. Esas operaciones fraudulentas dejaron 41 víctimas hasta el momento. Los hechos denunciados ocurrieron desde agosto de 2017 hasta el 2021.
Según el fiscal, el imputado sería el autor de 43 estafas inmobiliarias, con 39 víctimas, y de estafas financieras contra dos víctimas. Estimó que el perjuicio patrimonial de todas las defraudaciones ronda 1.200.000 dólares.
Pombo admitió los cargos que la fiscalía, con la adhesión de las querellas, formuló contra Fernández. Y declaró que se trata de una causa compleja por pedido de la fiscalía. Por eso, le otorgó a la fiscalía, las querellas y la defensa 6 meses para desarrollar sus investigaciones. Y ahora la prorrogó por 2 meses.
Además, al imputado se le atribuye haber pedido préstamos en dólares, que presuntamente no devolvió. También, de haber firmado supuestamente pagarés y boletos sobre lotes ya vendidos. Para desplegar esas maniobras, organizaba visitas de los compradores sobre loteos existentes y realizados por la inmobiliaria Lepore que después como los vendía seis o siete veces trataba de evitar entregar la posesión o la escritura.
La fiscalía sostuvo que muchos de esos boletos de compraventa fueron firmados en la oficina de la inmobiliaria Lepore, donde trabajaba el imputado. Es más, Fernández se presenta ante la Justicia neuquina como agente inmobiliario de la Inmobiliaria Lepore.
Los acusadores públicos y privados le atribuyeron otra modalidad de estafa al haber colocado número de unidades funcionales inexistentes. Y haber engañado supuestamente a dos personas con inversiones inmobiliarias.
