En la mañana de ayer se dieron cita en los tribunales penales de Villa La Angostura, las partes del caso donde se investiga la turbación de posesión de la familia Salamida.
Ante el juez Maximiliano Bagnat, tomó primeramente la palabra el titular de la Fiscalía local, Adrián De Lillo, quien expuso las evidencias con la que cuenta para llevar adelante el juicio contra dos miembros del asentamiento Paisil Antriao, siendo los acusados Damián Andrés Olivero y Jovita Dora Calfupán; a quienes se los investigara por intento de robo y turbar la posesión de las hermanas Josefina y Raquel Salamida, propietarias de un campo de más 21 hectáreas ubicadas en la base del Cerro Belvedere.
A su turno, asistiendo a las víctimas, en sintonía con el Ministerio Público Fiscal, alegara el abogado Cristian Hugo Pettorosso, quien se opuso como querellante al pedido de sobreseimiento efectuado por la defensa mapuche, resolviendo finalmente el juez sanmartinense rechazar el planteo intentado por el defensor Virgilio Sánchez, para luego dar paso a una segunda etapa de análisis de las pruebas que se pretenden utilizar en el juicio.
Con esta decisión de rechazar el sobreseimiento -que no fue apelada por la defensa-, tanto Dora Calfupán como Damián Olivero serán sometidos a juicio oral y público, acusados de haber de intentado robar y por turbar la posesión de las propietarias que ejercitan la acusación particular bajo la dirección de Cristian Pettorosso.
La audiencia para controlar la acusación se desarrolló a sala llena, con nutrida presencia de público autorizado por la oficina judicial para su ingreso al salón de debate.
Como se recordará, los hechos investigados ocurrieron el pasado 3 de febrero en horas de la tarde, en momentos que se encontraba un grupo de ingenieros en la propiedad de la familia Salamida haciendo trabajos de mediciones sobre el predio, cuando sorpresivamente fueron abordados por varios miembros de la colectividad indígena, quienes mediante uso de violencia, con gritos y amenazas, quitaron estacas y señalizaciones colocadas por los profesionales que terminaron agredidos, obligándolos a retirarse del lugar; previo intentar robar el teléfono celular del ingeniero Hugo Luis Farmetano.
Las propietarias del campo habían requerido trabajos técnicos a quienes resultaron victimizados, a fines de comenzar con las tareas de mediciones relativas al proyecto de Centro de Equinoterapia, institución que se planea construir dentro de una superficie de tres hectáreas facilitadas por las hermanas Salamida.
Al salir de tribunales, la víctima del intento de robo, Hugo Farmetano, refirió que aquella tarde “sintió temor por su integridad física, ya que fue un ataque en banda planeado con antelación, donde los acusados contaron con la colaboración de tres agresores más, como se ven en las imágenes aportadas como evidencia para el juicio. Tenían roles perfectamente distribuidos, tendientes a turbar la posesión, generar temor para impedir las tareas técnicas que llevábamos a cabo, y robar el aparato de telefonía que registraba las secuencias de la agresión; procurándose así la impunidad de los hechos”, para finalmente agregar el ingeniero Farmetano que “me llamó la atención la presencia entre el público de Susana Lara, conocida activista indígena, estrechamente vinculada a los hechos ilícitos del año 2009, cuando incendiaron el cannopy y la confitería; quien se encontraba sentada al lado del dirigente Lorenzo Loncon”.
