El hecho fue denunciado por la actual secretaria de Cultura y Deportes a quien algunos empleados la acusaron de maltrato laboral y de “hacerse la víctima”.
Verónica ‘Nana’ Molina, secretaria de Deportes y Cultura de Villa La Angostura, fue acusada en numerosas denuncias por maltrato laboral hacia los empleados y mantuvo una guerra abierta con militantes del gremio ATE. Un tema laboral entre la funcionaria y los gremialistas que se dio vuelta.
La funcionaria denunció que padeció escraches, la acusaron de “hacerse la víctima” y de montar una novela, pero el Poder Judicial tomó una decisión: mandó a los sindicalistas a hacer el curso de la Ley Micaela por una denuncia por violencia de género que interpuso la funcionaria municipal.
El caso podría tomarse como un antecedente de lo que sucede en otras localidades, donde el gremio estatal también está de punta con algunos funcionarios, como en el caso de Centenario. Pero en Villa La Angostura, dio lugar a la denuncia por violencia de género.
Mediante un oficio enviado a la secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Villa La Angostura el pasado 3 de octubre, el juez civil, Francisco Bonorino, implementó medidas de restricción por tres meses a un grupo de empleados.
Villa La Angostura: restricción para los empleados
Los empleados tienen una prohibición de acercarse a menos de 100 metros, no solo a ella, sino también a miembros de su familia, a su vivienda y a los espacios comunes laborales, debido a los escraches y a una violencia campaña contra su persona.
El juez envió el oficio a la secretaría de Gobierno, para prohibir el acercamiento de los empleados Nicolás Vejar, Pablo Milione, Gastón Díaz, Christian Sandoval y Mauro Ramírez, que tienen una activa participación en las medidas de fuerza de ATE.
Los mismos trabajadores le habían enviado hace uno meses una nota al intendente Javier Murer, del Frente Neuquinizate, sobre la situación de la funcionaria Molina y las denuncias de maltrato laboral. Un tema controvertido, ya que indaga sobre los límites de las acciones directas gremiales, el derecho a huelga y el roce con la violencia de género.
Incluso, según supo LM Neuquén, el jefe comunal, para tener una salida política a esta discordia, que lo pone entre las cuerdas con defender a una funcionaria y también balancear fuerzas con ATE, podría desdoblar la secretaría y dividirla ente Molina, y otra parte a los sindicalistas.
Según la carta enviada por los sindicalistas, luego de “pasearse por todos los medios haciéndose la víctima”, Molina habría continuado amenazando con presentar pruebas. Según el gremio, “denostan y estigmatizan la tarea sindical, al tiempo que tergiversa la lucha contra la violencia de género”.
Terminar con “la novela”
ATE sostiene que, a pesar de las amenazas, Molina no hizo públicas dichas pruebas y exige que lo haga para “terminar con esta novela”.
Las “pruebas” a las que hace referencia el gremio se relacionan con los supuestos videos en los que Molina basó su denuncia contra trabajadores municipales, a quienes acusó de ser los responsables de una campaña de panfleteo en su contra.
Desde ATE también expresaron su preocupación por lo que consideran una actitud verbalmente agresiva por parte de Molina, a quien acusan de “insultar y gritar frecuentemente.”
Según el gremio, estos comportamientos han causado que varios trabajadores se encuentren bajo tratamiento médico, sin que haya habido intervención alguna por parte del municipio para abordar la situación.
Pero el juez no dio la razón a los sindicalistas e hizo lugar a la campaña de hostigamiento que anunció Molina sobre su persona y, además, sobre su condición de mujer.
El juez que dictó el fallo argumentó que la capacitación es necesaria para todos los actores implicados, ya que la Ley Micaela no solo busca prevenir y sancionar la violencia de género, sino también generar conciencia sobre las dinámicas de poder y las conductas que pueden generar situaciones de desigualdad.
Sin embargo, los militantes de ATE han mostrado su disconformidad, señalando que su participación en el curso los pone en igualdad de condiciones con una funcionaria a la que acusan de ser la principal agresora.
