El fiscal de Villa La Angostura se opuso y las dos querellas también. El planteo se resolverá el 28 de octubre porque el juez Juan Pablo Balderrama se declaró incompetente. La defensa sostiene que la acción penal prescribió.
El abogado Virgilio Sánchez, defensor particular de los siete miembros de la comunidad mapuche Paicil Antriao imputados en tres causas por usurpación y amenazas, pidió este viernes el sobreseimiento de los acusados porque entiende que la acción penal prescribió. Sin embargo, la definición quedó en suspenso porque el juez Juan Pablo Balderrama se declaró incompetente para resolver el planteo.
Así lo informó al programa de radio El Tren, que conduce Daniel Osovnikar, el Dr. Sánchez, tras la finalización de la audiencia de control de acusación de la que participaron además el fiscal de Villa La Angostura, Adrián De Lillo, y los abogados por los querellantes, además agregó que había pedido “el sobreseimiento de todos los imputados”, pero el juez resolvió “declararse incompetente”.
Fuentes judiciales destacaron a LA ANGOSTURA DIGITAL que el fiscal se opuso al pedido de la defensa y solicitó que sea rechazado, con la adhesión de las dos querellas privadas.
Balderrama señaló que ese pedido lo tiene que resolver un juez de juicio. Por eso, el planteo lo tratará el juez Ignacio Pombo, en una audiencia que se hará el 28 de este mes, según anunciaron desde la Oficina Judicial. “El 28 de octubre, el juez Pombo resolverá el planteo del sobreseimiento en las tres causas”, adelantó Sánchez.
En su opinión, corresponde el sobreseimiento porque entiende que “está extinguida la acción penal”. recordó que estas causas se elevaron a juicio “hace cinco año y el señor Ginóbili después de cinco años pretende llevar adelante el juicio” y mencionó que el Código Procesal Penal neuquino establece que las causas penales “se extinguen a los tres años”. Además, indicó que los delitos atribuidos por la fiscalía y las querellas a los imputados “están prescriptos porque no tienen una pena mayor de tres años y desde que se hizo la denuncia pasaron seis años”.
El abogado dijo que había planteado la cuestión indígena y sostuvo que los imputados “ejercieron legítimamente sus derechos”. Por eso, para Sánchez, no es usurpación. “Se los está criminalizando por ejercer sus derechos”, aseguró.
El origen de las tres causas
Las tres causas que se unificaron se originaron a partir de las denuncias de Néstor Martín Bianchini, Atilio Fabián Converti y Martínez, cuidador del lote de Ginóbili, que fue usurpado el 13 de junio de 2018 por un grupo de personas que responden a la comunidad Paicil Antriao.
La fiscalía imputó a Andrés Leonardo Hernández, Raquel del Carmen Bustos, Damián Andrés Olivero, Ángel Saúl Mellado, Lucas José Cahuimpan, Nelson Gustavo Cárdenas y Daniel Esteban Paredes Malpu. No todos están acusados en las tres causas. Por ejemplo, la fiscalía les atribuye a 6 de los acusados el hecho que ocurrió el 23 de agosto del 2018, cuando invadieron y ejercieron amenazas sobre los 8 operarios que trabajaban en el predio ubicado en la calle Traful al 940 de esta localidad. Los trabajadores habían sido contratados por Converti.
La imputación fiscal indica que después Paredes Malpu, Cárdenas, Hernández y Mellado ocuparon el primer piso de la obra en construcción existente en el terreno, manteniéndose en forma continua.
Luego, la madrugada del 25 de agosto de 2018, un grupo mayor a cinco integrantes, alguno de ellos con el rostro cubierto, entre los que se encontraban Cahuimpan y Mellado amenazaron a cuatro operarios contratados por el mismo propietario, que ocupaban la planta baja de la obra en construcción. Les dijeron que si no se iban, prenderían fuego el lugar y que tenían fierros. Así, los imputados ocuparon el predio y provocaron el despojo total de la posesión.
La fiscalía acusó a Paredes Malpu de formar parte de un grupo de aproximadamente 20 personas que se constituyeron el 13 de junio del 2018 en la puerta de entrada de la vivienda que ocupaba por Martínez, el cuidador del predio ubicado en la calle Traful 1147 de Villa la Angostura, propiedad de Ginóbili.
Mediante dicho accionar intimidante, el cuidador se retiró de la vivienda contra su voluntad y junto a sus hijas menores de edad. De ese modo, despojaron totalmente a Ginóbili de la posesión del inmueble. Mientras que la usurpación denunciada por Bianchini ocurrió a finales de octubre de 2019 en la calle Traful al 1100.
