El gobierno de Rolando Figueroa anticipó que diseñará su propia política de tierras si se cae la ley 26.160. Hay una decena de comunidades cuyo trámite aún no empezó y otras -como el caso de Villa la Angostura- donde no se hizo público qué determinó el relevamiento territorial.
El gobierno de Neuquén mostró “preocupación” por el decreto del presidente Javier Milei que derogó la emergencia en tierras indígenas y un posible fin de los relevamientos, pero anticipó que diseñará su propia “política pública” si el Estado Nacional se retira del ordenamiento de las comunidades.
En la Confederación Mapuche igual persiste la incertidumbre y demandan a Rolando Figueroa precisiones, tras un año de diálogo que arrojó pocos avances en las tres demandas más concretas: el relevamiento territorial, la creación del Registro Especial de Comunidades y la aplicación de la consulta previa, libre e informada.
En el balance de gestión que encabezó ayer el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, destacaron la entrega este año de nueve personerías jurídicas, de cinco carpetas técnicas y la realización de cuatro reuniones con los seis consejos zonales de la Confederación Mapuche.
Sobre el decreto 1083 que firmó Milei el 10 de diciembre que puso fin a la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ocupadas por comunidades indígenas que establecía la ley 26.160, el funcionario mostró preocupación. “La tarea del relevamiento y la emergencia en materia de territorios ocupados por pueblos originarios está inconclusa y eso abre un abanico de incertidumbre para el futuro”, sostuvo.
En Neuquén hay 57 comunidades indígenas reconocidas dentro de su territorio: 56 son mapuche y una es del pueblo günün a kuna, también llamado tehuelche.
Los registros del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) indican que son 31 las que ya tienen finalizado y entregado el relevamiento territorial. Aproximadamente la mitad se firmaron en el 2023, pese a que eran procesos finalizados hace años. El resto de las comunidades todavía están con su relevamiento en trámite, iniciado o directamente sin empezar.
El gobierno provincial firmó en agosto una adenda con el INAI para poder finalizar seis que estaban avanzados de las comunidades Atreico, Curruhuinca, Vera, Wirkalew, Campo Maripe y Tuwvn Kupalmeo Maliqueo. “Pero tenemos un universo de unas 11 comunidades que no han iniciado ese proceso para la determinación de cuál es el territorio y eso nos llena de preocupación”, explicó Tobares.
El ministro planteó que buscarán una respuesta frente al INAI que hoy preside Claudio Avruj para entender “ver si esta triangulación entre el gobierno nacional, el provincial y las comunidades va a seguir o cuál va a ser la política pública”.
Pero afirmó que “si el gobierno nacional deja de involucrarse en la solución de esta temática, obviamente desde el gobierno provincial deberemos diseñar una política pública que la resuelva”.
Tobares recordó que Neuquén fue “pionera” en la búsqueda de soluciones para las comunidades indígenas: en marzo de 1964, el entonces gobernador Felipe Sapag firmó el decreto 737 que le reservó “en carácter permanente” tierras fiscales a 18 comunidades luego de realizar un censo de población indígena en toda la provincia.
El planteo de Tobares tiene eco también en algunos sectores de la Confederación Mapuche. El referente de la zonal Xawvnko, Jorge Nahuel, consideró que el gobierno nacional tiene “poco que decir” en la cuestión del ordenamiento de las comunidades y que la medida de Milei “traslada la responsabilidad primaria en las provincias, como debe ser”.
“Si la ley 26.160, 18 años después no tiene aplicación es porque las provincias se ocuparon de boicotearla. Neuquén lo hizo. Ahora se acabó la excusa de echarle la culpa al gobierno nacional”, planteó.
Lo mismo plantearon desde la zonal Lafkenche, del sur provincial. El lonco de los Paicil Antriao, Florentino Nahuel, consideró que “el gobierno provincial tiene las facultades para darle continuidad a todos los compromisos”. “Es lo que esperamos de este gobierno, ya que desde Nación demostraron quiénes son”, planteó.
La ley 26.160 se sancionó en 2006 en el Congreso y buscaba que el INAI garantice, en el plazo de tres años, un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas en todas las provincias. En ese tiempo quedaban suspendidos los desalojos, pero esto ahora fue eliminado por Milei.
La norma tuvo sucesivas prórrogas, la última por decreto de Alberto Fernández. El plazo vencerá en noviembre de 2025.
