Villa La Angostura es el escenario de un nuevo capítulo en la disputa territorial que atraviesa la provincia de Neuquén. En el centro del conflicto está el mapa cartográfico del Lof Paichil Antriao, una comunidad mapuche que reclama 91,63 hectáreas como tierras de ocupación actual, tradicional y pública, avaladas en su momento por la Provincia bajo el marco de la Ley 26.160.
El tema derivó en un pedido de desalojo por parte del intendente de Villa La Angostura, Javier Murer (Frente Neuquinizate), luego de un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) donde establece que la posesión de las tierras corresponde a la Municipalidad. Pero el fallo, precisamente, no contempla el contexto del reclamo de tierras ancestrales.
El problema, de fondo, está relacionado con la política. El expediente con los mapas que pretende la comunidad, donde está, el camping del lago Correntoso, otras zonas cercanas a viviendas y el loteo de Manu Ginobili en el cerro Belvedere, no tiene la firma del presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Abruj.
Es que el funcionario nacional del gobierno de Javier Milei se refirió a presuntas irregularidades en el relevamiento, pero desde Provincia, enviaron al INAI toda la carpeta técnica el año pasado. Es por eso, y además por el “cambio de época” de Milei respecto a los pueblos originarios, que el relevamiento está listo, pero quedó sin resolución ni firma de los funcionarios nacionales.
- Mapa mapuche en Villa La Angostura: el aval de la Provincia
Esto quedó plasmado en la nota que le envió a la comunidad, Luis Riscciuto, director de la Unidad de Acción, que depende del ministro de Gobierno, Jorge Tobares. La nota fue enviada el 12 de abril de 2023 con el relevamiento listo, que en su momento estuvo a cargo de Jorge Lara. Corresponde al relevamiento que se hizo en un momento, durante la gestión de Omar Gutiérrez.
El relevamiento territorial define bien algunos lugares de conflicto, con la zona turística. La cartografía detalla, además, que unas 10,5 hectáreas del territorio están bajo “presiones ejercidas por terceros”. Es decir, tierras que enfrentan disputas legales y conflictos por su uso.
Lo más crítico es que la misma cantidad de hectáreas, 91,63, aparece registrada bajo titularidad dominial de terceros, lo que refleja el complejo entramado entre derechos ancestrales y títulos privados.
El respaldo provincial también responde a una denuncia internacional. Según el aval, el relevamiento forma parte de las acciones requeridas en la causa “MC-269-08 – Miembros Indígenas de la Comunidad Mapuche Lof Paichil Antriao” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Este contexto añade un peso político y jurídico al conflicto y coloca a Neuquén bajo la lupa de organismos internacionales.
“El Gobierno avaló el relevamiento y lo envió al INAI, pero el problema real sigue sin resolverse. Los títulos de propiedad superpuestos y las tensiones con privados no desaparecen con un aval administrativo”, señalaron fuentes cercanas al conflicto.
Los datos del mapa también generan algo de debate en Villa La Angostura, ya que sectores privados cuestionan la falta de precisión en la definición de las tierras y denuncian una supuesta falta de consenso en la elaboración de los límites.
La comunidad reclama el territorio como ancestral y protegido y los particulares con títulos legales cuestionan el proceso que llevó al relevamiento.
Según ellos, las 10,5 hectáreas en disputa son solo la punta del iceberg en una problemática más profunda, donde los límites entre lo ancestral y lo legal no están claros.
El gobierno provincial, aunque respalda el mapa, enfrenta la presión de sectores privados y turísticos que exigen garantías sobre sus derechos de propiedad.
Las áreas identificadas como de uso comunitario son espacios donde se desarrollan prácticas tradicionales, espirituales y productivas. El rewe (sitio ceremonial) y el kimeltuwe (centro cultural) son ejemplos de esto, fundamentales para la vida espiritual y educativa de la comunidad.
Qué dijo la Confederación Mapuche del Neuquén
El tema también generó la inmediata reacción de la Confederación Mapuche del Neuquén. “Claudio Avruj es Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). La función primaria del INAI es defender, promover y aplicar el marco normativo indígena como le exige la Ley nacional 23.302 que lo creó hace 30 años”, dijeron en un comunicado.
Y acotaron: “Por el contrario, Avruj se suma a toda la corriente de odio racial que promueve el gobierno de Milei y viola su función y deberes de funcionario público, alentando la violencia contra las comunidades mapuche de la región. Avruj fue uno de los animadores en derogar la Ley 26160 de Relevamiento Territorial y hoy tiene RETENIDO el Relevamiento del LOF PAICIL ANTREAO a pesar de que se han cumplido y han finalizado todas las etapas de este trabajo dos años atrás. A pesar también que el gobierno de Neuquén ha notificado en abril del año pasado esta finalización y cierre de ese Relevamiento”.
