Así lo informó a LA ANGOSTURA DIGITAL la titular del Juzgado de Faltas municipal. Explicó que desde las áreas que deben intervenir de Municipalidad de Villa La Angostura y desde la Policía neuquina le dijeron que no estaban dadas las medidas de seguridad para llevar adelante la clausura.
Tras la inspección que la jueza municipal de Faltas, Soledad Aldea, ordenó en el camping del lago Correntoso, dispuso la clausura preventiva de los negocios que funcionan en ese predio, a cargo de personas que integran la comunidad mapuche Paicil Antriao.
Sin embargo, la medida de la jueza de Faltas no se pudo ejecutar porque desde la Municipalidad de Villa La Angostura y la comisaría 28 les informaron que no estaban dadas las condiciones de seguridad para clausurar esos locales y el camping.
Así lo informó este jueves Aldea a LA ANGOSTURA DIGITAL. Comunicó que días atrás “dispuse la clausura preventiva, pero la respuesta de las áreas municipales y de la Policía fue que no están dadas las medidas de seguridad”.
Explicó que la medida la ordenó porque de las inspecciones realizadas se constató que “no están habilitados los locales comerciales, lo que pone claramente en peligro a la comunidad, no hay control bromatológico”.
Además, señaló que en el predio “no hay planes de evacuación ante un posible siniestro” y agregó que “en general, (no cuentan con) ningún control previo a una habilitación”.
Aldea dijo que tampoco tienen habilitación para explotar el predio como “alojamiento turístico, ni camping ni negocio de ningún tipo”.
La jueza de Faltas comentó que la medida de la clausura preventiva “no prosperó, ahora tengo que seguir trabajando en la causa”.
Indicó que espera que “venza el plazo para que se presenten los imputados y cuando finalice o se presenten estaré en condiciones de resolver”.
Hubo una sentencia administrativa
A principios de enero pasado, Aldea recordó que el año pasado la anterior jueza de Faltas había dictado una sentencia administrativa en la que “dispuso la prohibición de ejercer el comercio y el turismo ya que no tienen habilitación, pero ellos apelaron”. “Por lo cual hay que esperar que avance ese juicio”, comentó en ese momento.
Dijo que en diciembre pasado recibieron “más denuncias” por irregularidades en el camping y, por eso, envió a las áreas municipales a constatar las denuncias para verificar si había construcciones nuevas y si además seguían comercializando en el predio.
Todo en un contexto de conflicto judicial, donde hay una sentencia pendiente de ejecución que ordena a la comunidad mapuche Paicil Antriao y a los ocupantes restituir el camping a la Municipalidad de Villa La Angostura.
Se trata de la sentencia que el exjuez civil de Junín de los Andes Andrés Luchino dictó el 11 de diciembre de 2019, cuando admitió la demanda civil del municipio y condenó a los ocupantes y a la comunidad Paicil Antriao y les ordenó devolver el predio. Para Luchino la comunidad no probó la ocupación ancestral.
Las idas y vueltas del expediente
Después, intervino la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del interior de la provincia, con sede en San Martín de los Andes, que admitió la apelación de la comunidad y dejó sin efecto la sentencia de Luchino. Dispuso que el proceso quede en suspenso hasta que esté finalizado el relevamiento territorial previsto en la ley 26160 de comunidades indígenas.
La municipalidad impugnó y llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia. También, recurrió la Fiscalía de Estado de la provincia.
El TSJ resolvió el año pasado confirmar la sentencia de Luchino. La comunidad interpuso un recurso extraordinario federal para que el TSJ habilite la puerta para que la Corte Suprema revise lo resuelto por el máximo tribunal de justicia neuquino. Pero el recurso fue desestimado.
En consecuencia, devolvió el expediente al juzgado Civil y Comercial 2 de Junín de los Andes para que ejecute la sentencia.
El apoderado legal de la comunidad Virgilio Sánchez presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema que aún no se expidió. Por eso, advierte que la sentencia de Luchino no está firme. Pero para la Justicia provincial ya quedó firme ese fallo.
El 27 de diciembre pasado, el juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería 2 de Junín de los Andes, Santiago Montorfano, resolvió enviar el expediente sobre la demanda del camping del lago Correntoso hasta el Juzgado en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Villa La Angostura, que dirige Francisco Astoul Bonorino. Pero comenzó la feria judicial y no remitieron el expediente.
El apoderado legal de la comunidad Paicil Antriao interpuso un recurso de queja que ingresó a principios de febrero en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Martín de los Andes contra la decisión de Montorfano. La Cámara aún no se pronunció.
